Piden depurar responsabilidades por actuaciones de Mieras y Mascarell
Tras las declaraciones de los dos ex consejeros recogidas en un libro
BARBASTRO.- El litigio por los bienes llegará al Ministerio Fiscal si prospera la petición realizada por el abogado ribagorzano Jorge Español a través de la demanda presentada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a quien pide que se depuren responsabilidades políticas derivadas por las actuaciones de los ex consejeros de Cultura Ferrán Mascarell y Caterina Mieras. En once años de litigio es la primera vez que se plantea esta situación, en el marco del contencioso administrativo que Español tiene abierto en el TSJC contra una resolución de Mieras.
Los testimonios de Caterina Mieras y Ferrán Mascarell al periodista Eugeni Casanova, recogidos en su libro titulado El complot, la trama de la segregación del Obispado de Lérida y el litigio de las obras de arte, han dado lugar a nuevas actuaciones del abogado, incorporadas a la demanda que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Tras la lectura de testimonios en el libro, se expresa en términos duros, opina que hubo `chantaje político` y califica la operación en los términos de `repulsiva y repugnante`.
PETICIÓN DE MEDIDAS
A la vista de las declaraciones de Mieras, con fecha 17 de noviembre, pide el acuerdo inmediato de medidas cautelares con el traslado de los bienes al Museo Diocesano de Barbastro-Monzón en concepto de depósito y el traslado de autos `de forma urgente` al Ministerio Fiscal para que depure `las gravísimas responsabilidades que giran en torno al apoderamiento de una propiedad privada con métodos tan repulsivos como ilícitos que ya se hacen patentes y clarividentes que ya dijimos y que reafirma ¡hasta la misma ex consejera!`.
Al día siguiente, Español dirigió otro escrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, en esta ocasión relativa a testimonios de Ferrán Mascarell en el que reitera la petición de medidas cautelares y suplica al Ministerio Fiscal que depure `las gravísimas y patentes responsabilidades jurídicas que hay, desgraciadamente, en este asunto`.
En ambos documentos se refiere a `una operación política repulsiva y repugnante, con clara trascendencia penal para apoderarse de la propiedad de unas obras que ya sabían, por el honesto e impecable Informe Pintó de septiembre de 2001 -aportado por el abogado- que era de las parroquias aragonesas y huelga todo comentario, tendría que ser durísimo`.
En su opinión, `es muy claro que no era ni siquiera el valor artístico de las obras lo que les impedía apropiarse de ellas, que si por esto fuera las habrían mandado por Seur, sino la concepción de un falso nacionalismo que debía erosionar el Derecho y la Justicia con tal de salirse con la suya`. Español está convencido de que `la honrada Magistratura española y el pródigo y benefactor Ministerio Fiscal pondrán todo este chantaje donde debe estar` y no le cabe la menor duda de que `resplandecerá la verdad`. Recuerda que la Constitución Española garantiza `el principio de legalidad, la jerarquía normativa, seguridad jurídica y, sobre todo, responsabilidad de los poderes públicos`.
RECONOCE LA PROPIEDAD
Del contenido del libro se desprende el interés inicial de la vicepresidenta del Gobierno español, de quien Mieras recibió `unas cuantas llamadas para conminarla a que hiciese todo lo posible para librar las obras al Obispado de Barbastro-Monzón`. Le decía que el Gobierno se había esforzado por devolver los papeles de Salamanca y ahora ella tenía que corresponder dando las piezas a Barbastro. Según explica al periodista, `Marcelino Iglesias insistía mucho`, y señala que `ya habíamos llegado a un acuerdo con Eva Almunia y estábamos a punto de firmarlo pero, por algún motivo, no se llegó a hacer`.
Más adelante, reconoce que `solo hay diez o doce piezas que merezcan la pena` y que el valor de las obras `es mentira total, esto es un conflicto político y nadie es neutral`. Niega que las piezas no puedan salir sin la autorización del Consorcio, `la propiedad es de la Iglesia y puede hacer lo que quiera siempre que no las saque del Estado`. En el informe que pidieron a un despacho de Miquel Roca y a `alguien más` -tal vez, Pintó- , todos dijeron lo mismo, que la propiedad era de la Iglesia y que podían hacer lo que quisiesen`.
Insiste en que `las obras no son patrimonio catalán, sino propiedad de la Iglesia y basta. Se puede retirar del Consorcio cuando quiera y no necesita ni siquiera permiso para llevarse las obras`. Manifiesta que `quien salvó las obras fue Ciuraneta y solo Ciuraneta. Si hubiésemos tenido un obispo cobarde, ya no estarían, presentaba un recurso detrás de otro para que no le excomulgasen`.
En los mismos términos señala que `la clave de todo es que no son propiedad de la Generalitat y nosotros no podemos hacer nada`, y añade que `el Instituto de Estudios Catalanes elaboró un informe totalmente parcial y sin ningún rigor científico, que era todo ideología`. Mieras se considera `chivo expiatorio` e, incluso, se sintió traicionada por Pascual Maragall.
`MOVIMIENTOS POCO CONSISTENTES`
Las manifestaciones de su sucesor en el cargo de consejero de Cultura de la Generalitat catalana, Ferrán Mascarell, van en la misma línea y señala que `se había creado una ficción política y otra sobre la protección, hasta convertirla en un problema político de solución imposible lo que solo era un tema de propiedad privada`. Explica que se hicieron `movimientos poco consistentes y ni siquiera la Ley de Patrimonio Cultural Catalán puede evitar que vayan donde quiera su propietario`.
Recuerda, también, que en la Ley de Patrimonio Histórico Español no hay fronteras dentro del Estado y recuerda que hizo `todo lo posible para acabar las obras del Museo y se avanzó la construcción, de acuerdo con Isidro Gavín, presidente de la Diputación Provincial de Lérida.
Ángel HUGUET